Ante la grave situación que vive el país, representantes de diferentes organizaciones sociales, y ciudadanos y ciudadanas constituidos en un espacio cívico de reflexión y acción, en el pleno ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión y comprometidos con una democracia participativa, nos pronunciamos de la siguiente manera:
Hacemos nuestra la preocupación de diferentes sectores por la grave situación –en algunos casos pandémica– que afecta a la mayoría del pueblo hondureño en los campos de la salud, educación, economía, política, justicia y la seguridad ciudadana, con crímenes, secuestros, narcotráfico y otras formas de abuso y crueldad que reflejan la descomposición moral y ética que parece tocar fondo, y que tiene profundas raíces históricas. Ante ello, como lo señaló un reciente comunicado de la Comisión Nacional de Pastoral: “Todos nos sentimos responsables y urgidos de realizar cambios sustanciales en nuestra sociedad”.
La preocupación es mayor si tomamos en cuenta que los principales efectos de la crisis económica y financiera mundial impactarán con mayor rigor en Honduras y presagian para 2010 una profundización de la crisis económica, mayor desempleo y pobreza. El panorama se agrava con el aumento de la deuda externa e interna y la ausencia de un Presupuesto Nacional consensuado y concebido como instrumento de desarrollo.
Alarma la grave consecuencia que traerá a nuestro país la supuesta defensa de la institucionalidad y la democracia que hacen los grupos de poder, a partir del desmontaje de la institucionalidad y de la propia democracia, entendida como instrumento y no como un fin. Resulta contradictorio que, en aras de alcanzar legitimidad, el conflicto actual se genere a partir de una creciente ilegitimidad.
Hay temas claves sobre los cuales pensar, proponer y ejecutar acciones. Sin embargo, la agenda nacional, inducida desde Casa Presidencial, la Cámara Legislativa y otros sectores de poder es distinta y manipulada.
Un ejemplo de lo anterior es la acción tardía, incompleta y carente de participación y consulta ciudadana alrededor de la reglamentación de las figuras del Plebiscito y el Referendo.
Este momento tan crítico
Crisis de liderazgo. Honduras vive un intenso período de expectativas y confrontaciones. Las elecciones internas y primarias de los partidos Liberal y Nacional (noviembre, 2008) no aportaron estabilidad al panorama político, sino incertidumbre. Esto confirma que la crisis de liderazgo no desaparece con las campañas presidenciales, sino que se acentúa, en el marco de un creciente agotamiento del modelo político, económico y social iniciado en 1982. En este vacío de liderazgo es que aparece la figura del actual Presidente de la República, promoviendo la cuarta urna y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, logrando así captar la atención de muchos sectores y la oposición de otros.
En esta coyuntura, el movimiento social y popular se caracteriza porque, ante el proyecto del gobierno, no duda, no hace preguntas, no cuestiona. Aparece como débil y carente de propuesta propia, facilitando así al gobierno la tarea de tejer una nueva red clientelista que arrastra a otros dirigentes sociales. Todo indica que estamos en una nueva campaña electoral donde la propuesta de una nueva Constitución se convierte en la única solución a los problemas nacionales.
La Administración del Presidente Manuel Zelaya, cuestionada fuertemente por realizar una gestión pública ineficiente y plagada de denuncias de corrupción, propone una nueva Constituyente como una medida para continuar en el poder y eliminar toda responsabilidad histórica por su mala administración. Para el grupo de gobierno es claro que la única posibilidad de que sus planes persistan es conservando el poder, aunque en ese intento se destruya la escasa institucionalidad pública.
En ese sentido, desde Casa Presidencial se multiplican los esfuerzos por buscar alianzas y pactos políticos para ganar legitimidad y consenso, como la realizada con las Fuerzas Armadas, sin que se sepa aún cuál será el costo democrático de esa y otras iniciativas que representan un retroceso respecto a lo ganado por la sociedad civil en los últimos años.
Frente a la amnesia histórica
Es evidente que los cambios políticos que se han operado en Honduras desde la década de 1980 respondieron más a una restauración del bipartidismo político que a una auténtica transición a la democracia. No fue un Estado de Derecho el que se pretendió construir, sino un Estado patrimonial y clientelista.
La transición política de ese tiempo no tuvo como fuerza motriz una voluntad ciudadana consciente de las metas y objetivos que Honduras debía seguir en una época de pleno conflicto centroamericano. Sin embargo, representó una ruptura importante con el pasado militarista y dejó una Constitución Política que reflejó las negociaciones y los intereses de poder de su época. El contenido de esa Constitución pudo haber sido mejor o peor en términos de derechos ciudadanos, pero poco importaba puesto que, en manos de la clase política tradicional –la que sigue en el poder– la intención real nunca fue respetarla.
Ahora que se plantea un nuevo texto constitucional y se habla de una “refundación” de Honduras, cabe preguntar: ¿Se busca una nueva ruptura política que nos lleve a profundas transformaciones estructurales o sólo es otra forma de perpetuar un gastado bipartidismo? Esto último, infortunadamente, parece ser lo más probable, porque la sustitución de una Constitución por otra, como una acción mecánica y repetitiva, no produce cambios fundamentales en una sociedad, como lo demuestra la historia hondureña.
En esta discusión nacional se habla poco de la democracia como instrumento para transformar la sociedad y la cultura, sin recurrir a los golpes de Estado, en sus viejas y nuevas modalidades, ni a la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía. Es importante reflexionar en torno a otros valores que sustentan la democracia, entre ellos contar con una oposición beligerante, una ciudadanía activa y vigilante, y la necesidad de una reforma política y electoral con amplio sentido de territorialidad y descentralización. Por eso, es urgente democratizar nuestra sociedad para superar el enorme grado de desigualdad, impunidad e injusticia que hoy prevalece.
Por una ruptura real
Sostenemos que la única propuesta de cambio a la altura de los retos actuales es aquella que produzca una ruptura fundamental con la concepción que ha convertido al Estado, los bienes y la riqueza nacional en patrimonio de unos pocos, que durante décadas han boicoteado todo avance hacia una democracia social, política, económica y cultural que debe satisfacer las expectativas de igualdad, justicia y modernidad que las viejas y las nuevas generaciones exigen con todo derecho.
Elevar la democracia social, política, económica y cultural no será posible si la ciudadanía organizada se convierte en comparsa de quienes han hecho de la gestión pública un medio de enriquecimiento ilícito, de protección de la impunidad, y han desacreditado la política como una función pública al servicio del bienestar y el progreso social. Y eso va tanto para quienes sorpresivamente se declaran “comandantes” del cambio, como para aquéllos que se califican como abanderados o “próceres” de una Constitución y de una democracia que han irrespetado siempre.
Nuestra posición es clara
El elemento central que motiva nuestra posición crítica e independiente es la falta de credibilidad que afecta a la mayoría de quienes hoy se critican y acusan mutuamente. ¿Cómo creer en aquellos que defienden la actual Constitución o que proclaman la necesidad de una nueva Constitución, si tantos los unos como los otros han demostrado y demuestran que las leyes no les importan?, ¿Cómo creer en la defensa que ambos sectores hacen de la democracia, si lo que han creado es un Estado patrimonial, clientelista y corrupto?
En ese sentido, señalamos:
Frente a la falsa polarización existente entre los que defienden la actual Constitución y quienes pugnan por una nueva, llamamos a la ciudadanía a no desperdiciar esta coyuntura histórica de crisis del bipartidismo y a crear una tercera corriente de opinión pública e incidencia política a favor de un cambio social a fondo en las formas de participación y de construcción de la democracia en nuestra sociedad.
No respaldamos el proceso de la “cuarta urna” tal como está planteada ahora por la falta de credibilidad de los convocantes y la poca claridad respecto de los verdaderos propósitos que encierra. De hecho, advertimos que existe una sensación de riesgo de que la ya endeble institucionalidad se quiebre y que los resultados de la denominada “encuesta” del 28 de junio se manipulen en esa dirección. La desconfianza nacional persiste porque no hay signos claros que la despejen.
Rechazamos la actual manipulación oficial de que es víctima el movimiento social y popular hondureño, que evidencia que la crisis de liderazgo está presente tanto en las estructuras de poder como en la denominada “oposición”, cualquiera sea su signo.
Reiteramos que en cuestionar las formas elitistas de administración del poder se hayan las respuestas a los retos que hoy reconocemos como enormes; y a la esperanza de mejora de la calidad de vida de las mayorías de nuestra sociedad. Esa elite, que se entiende y pacta muy bien entre sí, es la que más ha contribuido a separar la justicia del poder porque, aunque ahora se niegue esta responsabilidad, todo poder legítimo está obligado a crear las condiciones necesarias para la aplicación de la justicia, la igualdad proclamada por la ley, el bienestar y la felicidad pública.
Enfatizamos
Si la transformación democrática de Honduras requiere la aprobación de una nueva Constitución de la República, entonces se podría respaldar esa iniciativa, pero no si surge de la inseguridad política, social, judicial y económica vigente. No si es convocada por poderes corruptos o por los mismos que han violentado una y otra vez la Constitución actual. No si la manipulación sustituye al debate y al entendimiento. No si continuamos con las viejas formas de negociación, por debajo de la mesa, para reglamentar figuras como el Plebiscito y el Referendo.
El cambio no debe ser para no cambiar nada o para revitalizar a un bipartidismo agotado por sus propios vicios y abusos. Tampoco debe apoyarse a quienes encubren en su defensa de la Constitución a los responsables directos o indirectos de esta Honduras tan vulnerable, desigual, injusta y violenta.
El cambio real, el que demanda la mayoría del pueblo, no tiene una solución única. Por eso se requiere priorizar la construcción colectiva de escenarios de desarrollo a lo largo y ancho del país, más allá de intereses momentáneos e individuales. Demanda capacidad para organizarnos, atender nuestros deberes y reclamar nuestros derechos.
El principio que nos debe orientar es que todo poder público procede del pueblo y se instituye para beneficio de éste, no de las elites privilegiadas o aquellas que buscan la impunidad.
Sabemos y reconocemos que en esta coyuntura priva una gran confusión, y que muchas personas honestas tienen una genuina preocupación por el futuro de nuestra nación. A ellos y ellas nos unimos para no claudicar en la defensa de los principios éticos y morales y para defender la libertad de expresión y pensamiento, en procura del fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho, por una democracia real.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, 17 de junio de 2009
Foro Social de la Deuda Externa, FOSDEH
Pastoral Social CARITAS
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC-SJ
COMUNICA
CEHPRODEC
ADECOH
FUNDEMUN
Fundación Luz
CASM
Familia Torres Funes
Thelma Mejía
Matías Funes
Marvin Barahona
Isolda Arita
Héctor Hernández
Efraín Díaz Arrivillaga
Edgardo Rodríguez
Padre Marcos R. Alvarado
